La aprobación de las partidas presupuestales en el Congreso del Estado de Michoacán dejó al descubierto una brecha severa entre el discurso de austeridad y las transferencias efectivas a los municipios. Más allá del debate en tribuna, los anexos del decreto fiscal revelan que los recortes a fondos concurrentes impactarán directamente en obras de infraestructura básica para el Bajío y la Tierra Caliente michoacana.
El desfase en las fórmulas de distribución
El criterio de asignación pondera recaudaciones locales que no corresponden a la realidad operativa de la mayoría de las alcaldías. Mientras la capital y los centros urbanos concentran la mayor captación de derechos, las demarcaciones rurales quedan supeditadas a convenios discrecionales que restan autonomía presupuestaria a los cabildos.
Diversos presidentes municipales han presentado solicitudes formales de revisión ante la Comisión de Programación y Presupuesto. La exigencia se centra en transparentar las variables de cálculo y evitar que las partidas etiquetadas para seguridad y saneamiento hídrico se utilicen como palanca de negociación política.
Transparencia frente al siguiente ejercicio fiscal
La fiscalización del gasto no puede postergarse a los informes de la Auditoría Superior de Michoacán del año venidero. El seguimiento mensual a los reportes de transferencias de la Secretaría de Finanzas resulta imperativo para constatar si las ministraciones se entregan en tiempo y forma o si continúan los rezagos que asfixian los servicios públicos locales.